LAS VÍCTIMAS INMIGRANTES DE MALOS TRATOS DOMÉSTICOS ESPERAN MÁS QUE NUNCA PARA RECIBIR AYUDA
Rocío era una inmigrante indocumentada casada con un ciudadano estadounidense que nunca quiso regularizar su situación migratoria. Sólo tenía un trabajo a tiempo parcial como maestra de guardería, que no le generaba ingresos suficientes para mantenerse. Al estar indocumentada en Texas, no podía acceder a ninguna ayuda del gobierno ni a la atención sanitaria. Incluso encontrar vivienda era un reto.
La historia de Rocío no es única. Los estudios revelan que los inmigrantes indocumentados sufren violencia de pareja al menos en la misma medida que los ciudadanos estadounidenses o los residentes legales, pero es menos probable que llamen a la policía, busquen atención médica o acudan a los servicios de ayuda a la familia cuando esto ocurre. Cuando están casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes, su precaria situación migratoria se utiliza a menudo como instrumento de control.
"El estatuto de inmigrante es a la vez un palo y una zanahoria", dijo Glenaan O'Neildirectora de operaciones legales de Raíces, una organización tejana de defensa de los inmigrantes con oficina en San Antonio. "'Si haces lo que yo quiero que hagas, te conseguiré tus papeles'".
El problema llegó a ser tan generalizado que en 1994 el Congreso aprobó la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA), que permite a las víctimas solicitar la condición de inmigrantes legales sin la ayuda de sus agresores. Pero COVID-19 ralentizó considerablemente el proceso de solicitud.
