GRUPOS DEMANDAN A LA ADMINISTRACIÓN TRUMP POR EL ACCESO A LOS INMIGRANTES ENVIADOS DE EEUU A GUANTÁNAMO
WASHINGTON, DC - Defensores de los derechos de los inmigrantes demandaron hoy a la administración Trump para tener acceso a los inmigrantes transferidos de Estados Unidos a la detención en la Bahía de Guantánamo en Cuba bajo la reciente orden del presidente Trump.
La American Civil Liberties Union, el Center for Constitutional Rights, el International Refugee Assistance Project (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia presentaron la demanda en nombre de varios demandantes, entre ellos la hermana de uno de los hombres detenidos en Guantánamo, así como de cuatro proveedores de servicios jurídicos: Las Americas Immigrant Advocacy Center, Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), American Gateways y Americans for Immigrant Justice. - que pretendían reunirse con las personas detenidas para prestarles asistencia jurídica.
La administración Trump no ha proporcionado prácticamente ninguna información sobre los inmigrantes recién detenidos en Guantánamo, incluido cuánto tiempo permanecerán allí, bajo qué autoridad y condiciones, sujetos a qué procesos legales, o si tendrán algún medio para comunicarse con sus familias y abogados.
"Al apresurar a los inmigrantes a una isla remota aislada de abogados, familiares y del resto del mundo, la administración Trump está enviando su señal más clara de que el estado de derecho no significa nada para ella. Ahora corresponderá a los tribunales garantizar que los inmigrantes no puedan ser almacenados en islas extraterritoriales", dijo Lee Gelernt, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
La demanda señala que Guantánamo alberga una de las prisiones más notorias del mundo, utilizada cuando el gobierno estadounidense ha intentado operar en secreto, sin rendir cuentas.
"Es espantoso pero no sorprendente que la administración Trump esté explotando y ampliando el mayor símbolo de anarquía y tortura del siglo XXI: Guantánamo. El Centro para los Derechos Constitucionales ha estado desafiando la detención en régimen de incomunicación y la tortura en Guantánamo desde principios de la década de 1990, y vemos las acciones de Trump por lo que son: crueldad performativa mezclada con otra toma de poder autoritaria. Los tribunales, una vez más, deben actuar para garantizar que los inmigrantes que Trump pretende detener allí tengan acceso a abogados y, por tanto, a la ley, y estén libres de la crueldad y el terror inherentes al proyecto de Guantánamo", dijo Baher Azmy, director jurídico del Centro de Derechos Constitucionales.
"No se puede permitir que la administración Trump se base en el sórdido pasado de Guantánamo con estas últimas maniobras crueles, secretas e ilegales", dijo Eunice Cho, abogada sénior del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU. "Nuestra Constitución no permite al gobierno mantener a las personas incomunicadas, sin ninguna posibilidad de hablar con un abogado o con el mundo exterior".
Aunque la administración Trump ha dado amplia publicidad a las imágenes de las personas que ahora detiene en Guantánamo, también ha cortado cualquier medio de comunicación con ellas. La demandante Eucaris Carolina Gómez Lugo se sorprendió al ver una fotografía de su hermano detenido allí, según la demanda, y al enterarse de que el gobierno alegaba que él y otros hombres detenidos eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. Está muy preocupada por su seguridad y quiere asegurarse de que pueda comunicarse con un abogado en relación con su detención en Guantánamo.
"Guantánamo es un caldo de cultivo para la violencia, el abuso y el abandono. Nuestro gobierno está apuntando a los venezolanos y a otras personas y trasladándolos innecesariamente a un sitio en alta mar notoriamente difícil de acceder sin otra razón que el teatro político", dijo Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios legales del Centro de Defensa del Inmigrante Las Américas en El Paso, Texas, Nuevo México y Ciudad Juárez, Chihuahua. "Muchos de estos hombres ya han sido sometidos a innumerables abusos de los derechos humanos y violaciones del debido proceso en Otero y otros centros de detención en los EE.UU. Mantenerlos en Guantánamo sin acceso regular a abogados y seres queridos, mientras que al mismo tiempo la difusión de acusaciones infundadas contra todos ellos sobre la base de lo que parecen y de dónde vienen, es peligroso, violento y completamente inaceptable."
"Trasladar en secreto a personas de Estados Unidos a Guantánamo sin acceso a representación legal ni al mundo exterior no sólo es ilegal, sino que es una crisis moral para esta nación", declaró Deepa Alagesan, abogada supervisora principal del Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP). "IRAP representó anteriormente a una familia de refugiados detenidos en Guantánamo y tuvo que luchar durante meses para recibir una llamada telefónica confidencial con nuestros clientes. Ahora, la administración Trump está intensificando sus intentos de criminalizar, demonizar y dañar a los inmigrantes con cero consideración por su humanidad o la ley. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el gobierno de los Estados Unidos intenta utilizar Guantánamo como una caja negra legal para negar a los inmigrantes sus derechos básicos a un abogado y al debido proceso."
La administración Trump ha anunciado su objetivo de enviar a decenas de miles de inmigrantes a Guantánamo. La demanda señala que, sin la intervención del tribunal, aún más inmigrantes serán trasladados a este agujero negro legal sin acceso a un abogado ni a ningún medio para reivindicar sus derechos.
"La detención de inmigrantes en Guantánamo amenaza con crear un precedente peligroso por el cual el gobierno de los Estados Unidos puede transferir sistemáticamente a las personas que buscan asilo a instalaciones en alta mar, aislándolas de los proveedores de servicios legales y colocándolas en un vacío donde no pueden hacer valer sus derechos de manera significativa", dijo Javier Hidalgo, director legal de RAICES. "En RAICES, estamos profundamente preocupados por la opacidad y la falta de garantías procesales de la administración Trump, que anulan efectivamente nuestra capacidad de desafiar la detención ilegal, garantizar el debido proceso y defender los derechos de los inmigrantes, y aprovecharemos todas las herramientas legales disponibles para hacer que esta administración rinda cuentas sobre las protecciones humanitarias fundamentales que nunca deberían estar en debate."
"Detener a inmigrantes en Guantánamo sin acceso a asistencia letrada ni a las garantías procesales básicas es una grave violación de sus derechos y un abuso alarmante del poder del gobierno", afirmó Rebecca Lightsey, codirectora ejecutiva de American Gateways. "Nuestro país no debe crear un sistema en la sombra de detención indefinida, despojando a los no ciudadanos de sus protecciones legales simplemente transfiriéndolos al extranjero".
"La dramática expansión de la detención de inmigrantes en Guantánamo y el acto de transferir inmigrantes detenidos dentro de las fronteras de los Estados Unidos a Guantánamo causará un daño irreparable a nuestra comunidad inmigrante y creará barreras que entran en conflicto con los principales objetivos organizativos de Americans for Immigrant Justice", dijo Paul Chavez, director de litigios de Americans for Immigrant Justice. "No sólo limitará nuestra capacidad para actuar como vigilantes de las prácticas y políticas de detención de inmigrantes, sino que también negará a nuestros abogados el acceso a los detenidos en Guantánamo, muchos de los cuales AI Justice probablemente habría representado si hubieran sido detenidos en Florida. Creemos que los inmigrantes no deben verse obligados a navegar solos por nuestro complejo sistema de inmigración y exigimos que se conceda a nuestros abogados acceso para comunicarse con los inmigrantes detenidos en Guantánamo, para que podamos seguir cumpliendo nuestra misión de salvaguardar los derechos de los inmigrantes detenidos en Florida."
Una coalición de grupos jurídicos y de defensa de los derechos de los inmigrantes envió la semana pasada una carta a los Secretarios de Defensa, Estado y Seguridad Nacional en la que expresaban su grave preocupación por el traslado y la detención de inmigrantes de Estados Unidos a Guantánamo y solicitaban acceso inmediato a ellos. El gobierno no respondió, lo que motivó la acción legal de hoy.
"Si la administración Trump cree que puede despojar a los inmigrantes detenidos de sus derechos enviándolos a Guantánamo, se equivoca", dijo Arthur Spitzer, abogado principal de la ACLU del Distrito de Columbia. "La administración Bush también intentó negar a los detenidos sus derechos en Guantánamo, y los tribunales intervinieron para recordar al presidente que la Constitución se aplica a las personas encarceladas allí."
