INCENDIARIO Y AISLACIONISTA
Javier Hidalgo, director legal de RAICES, dijo que la administración Trump "es fiel a su forma original y utiliza el pretexto racista como un medio para promover la cobarde agenda xenófoba del presidente."
"En la visión distópica del presidente Donald Trump y Stephen Miller para Estados Unidos, nadie está a salvo del devastador naufragio de su crueldad, y es el pueblo estadounidense el que más va a sufrir si no intervenimos en oposición a esas políticas incendiarias y aislacionistas", dijo.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que con la elección de 2024, Trump recibió un "mandato rotundo para poner fin al desprecio y abuso de nuestras leyes de inmigración y asegurar nuestras fronteras."
"La administración Trump seguirá poniendo a los estadounidenses y a Estados Unidos primero", dijo Desai.
La demanda alega que la Proclamación, emitida el día de la toma de posesión, intenta prohibir el asilo en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La ley permite a los no ciudadanos que huyen de la persecución en sus países de origen buscar protección en Estados Unidos, concediéndoles asilo y prohibiendo a Estados Unidos devolver a estas personas a lugares de peligro. Sin embargo, la proclamación obliga a devolver a los solicitantes de asilo -incluidas las familias- a países en los que corren peligro, y no ofrece ninguna protección a los menores no acompañados, según la demanda.
"La Proclamación es tan ilegal como inaudita", decía la demanda.
La demanda decía que autoriza la suspensión de la entrada pero no la expulsión de los no ciudadanos que ya están en EE.UU., y su afirmación de que se trata de una "invasión" ignora los estatutos del Congreso y excede los poderes presidenciales.
"Cualesquiera que sean los límites exteriores de las facultades constitucionales del Presidente, no confieren un poder preclusivo que permita al Presidente prescindir de los estatutos pertinentes en este caso", decía la demanda. "Y la inmigración -incluso a niveles elevados- no es una 'invasión'".
La demanda es la última reacción contra las políticas de inmigración de Trump, las órdenes ejecutivas y las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos desde que asumió el cargo el 20 de enero. El mes pasado, un juez anonadado detuvo la orden "flagrantemente inconstitucional" de Trump que ponía fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
